Quiero llamar vuestra atención y consideración hacia un problema cada vez más grave y acuciante. Y que gira en torno al tan
“saltado a la torera” derecho
constitucional a la vivienda. Y al que todos, empezando por instancias
superiores, y responsables de impartir y aplicar Justicia, hemos vuelto
la espalda como si no fuera con nosotros. .
La oleada de desahucios provocados básicamente, salvo algunas
excepciones, que las hay, por la situación de crisis, falta de trabajo y
sobre todo agravada por la penosa política de empleo aplicada a esta
crisis o mejor dicho, por la falta de una auténtica política de empleo
por parte de nuestro Estado, (que
"de Derecho" se llama, digo), ha llevado a muchas familias, más de las deseables, a la perdida de la única vivienda con la que contaban.
Estos son los desahucios mas sangrantes pues conllevan
irremediablemente la perdida de la única vivienda, la familiar. También
están los otros desahucios por falta de pago de las rentas.
Pues bien, en este trimestre, y mas exactamente en el último mes, en
los últimos días, me han designado por el turno de oficio la defensa de
dos precarios.
Para quien no sepa lo que es un precario, sea profano en la materia es
la posesión/uso de una vivienda sin tener título para ello. Lo que todos
conocemos como OKUPACION y OKUPAS.Y si a mi me han designado dos casos
en un mes, siendo una más de todos los profesionales que en Barcelona
estamos y ejercemos en el turno de oficio, eso confirma que el número de
personas que están en la calle viviendo sin recursos aumenta, y que
aumenta el número de personas que, a la desesperada, la mayoría de ellos
y sin mas ánimo que meterse bajo techo, le dan una patada a la puerta
de una vivienda.
Pero analizando los casos que se han ido presentando, y volviendo a
lo que quería y era el objetivo de mi “Alerta” he podido comprobar y,
estoy segura otros compañeros, también que existe un grupo de
desaprensivos, de gentuza, de mafia, que se esta aprovechando de esta
situación.
Gente que está en la calle, brujuleando, organizada, que sabe qué
pisos están desocupados, que dan la patada en la puerta, que ven en que
estado están, que por cierto ni les importa porque no van a ser ellos
los que se van a meter ahí, y que a continuación buscan a la víctima
propiciatoria, que suele ser un conocido del barrrio (barrios
evidenemente degradados y deprimidos económicamente hablando) del que se
enteran o saben que no tiene vivienda, recién inmigrado, o que se ha
quedado o se va a quedar sin vivienda, un paisano, inmigrante, también
que como el individuo en cuestión.
Abordan a éste en plena calle, o bien colocan carteles de
“se alquila piso de particular a particular” con un móvil por toda seña a quien le proponen el piso.
El estado de necesidad provoca que el engañado pague los 900 Euros
que se le piden por entrar en el piso. Y le entregan un contrato
(primera hoja, sin anexo de un contrato de alquiler comprado en un
estanco) que parece, es decir, que aparentemente es formal, sin mas
especificaciones. Es evidente que el que firma el contrato tarde o
temprano se da cuenta de la situación del engaño, no lo denuncia, porque
su estado de necesidad no se lo permite, asume la situación y piensa…
hasta que me echen tengo un techo para vivir. Este último en su defensa
tiene la atenuante del estado de necesidad.
Pero no sabe que se convierte en cómplice de ese fraude.
Se que no estoy contando nada nuevo. Lo nuevo es que todos nos
dispusiéramos a denunciar estos hechos, a no permitirlos, ni
consentirlos y a solucionar como es debido un problema de vivienda que
es un derecho constitucional.
Sé que a lo mejor algunos de los que lean ésto, estén o conozcan a
alguien en una situación asi. Hay que denunciar estos hechos, hay que
dar la alerta social sobre ello porque está aumentando sin parar el
entramado de engaño en torno a la necesidad de vivienda. Hay que impedir
que unos se aprovechen de otros y fomentar que la Administración se
encargue de ello, y garantice el derecho a una vivienda digna, no
gratis, digna y acorde con las necesidades y recursos de todos.